Así lo anunciaron en rueda de prensa el secretario general de FSP-UGT, Julio Lacuerda, y de FSAP-CCOO, Carlos Sánchez, qien resaltó la "decisión inequívoca" de mantener la unidad de acción entre ambas organizaciones.

Esta concentración será la primera movilización de los empleados públicos tras la ruptura de las negociaciones con el Gobierno en el marco de la Mesa de la Función Pública. Ni UGT ni CCOO descartan una huelga general, como la del pasado 14 de diciembre, pero entienden que hay otros mecanismos "más contundentes", indicó el dirigente de UGT.

Ambos sindicatos abogan por lograr un acuerdo con el Gobierno,ya que un desencuentro en el primer año de legislatura desembocará en un "desencuentro completo durante los próximos cuatro años".

Lacuerda manifestó que los empleados públicos mantienen sus reivindicaciones de conseguir una cláusula de revisión salarial y recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, que cifró en el 6,5%. "Emplazamos al Gobierno a que atienda a nuestras reivindicaciones", indicó el dirigente ugetista.

Por su parte, Carlos Sánchez señaló que los cinco años del Gobieno del PP se han caracterizado por el "desprecio a los servicios públicos y también a los servidores públicos". En la etapa democrática, "nadie como el PP ha ninguneado a los funcionarios".

El dirigente de CCOO criticó también que en la etapa del PP en el Ejecutivo la temporalidad en la función pública ha subido seis puntos, del 16,5% al 22,59%, unas 475.000 personas.

Lacuerda y Sánchez instaron al Gobierno a negociar con los empleados públicos un acuerdo sobre rentas y empleo como el que tratan e pactar sindicatos y empresarios en el ámbito privado. "No puede ser que el patrón Estado, con 2,2 millones de trabajadores, no participe en este debate", indicó el dirigente de CCOO.

Entre las reivindicaciones que mantienen actualmente los empleados públicos se encuentran, además de la recuperación del poder adquisitivo y la implantación de cláusulas de revisión salarial, la eliminación de la tasa de reposición de vacantes, la retirada de la movilidad geográfica forzosa y la implantación del Estatut de la Función Pública.

En opinión de Lacuerda, al Gobierno "le viene peor" que otros años un conflicto con los empleados públicos, ya que "tiene muchos problemas encima de la mesa que no puede resolver y que le hacen estar más intranquilo".