Sus secretarios de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno respectivamente, declararon a Servimedia que tanto la posibilidad d despedir a los trabajadores que incumplan servicios mínimos como la facultad de los jueces para declarar ilegales las huelgas abusivas ya existe en la legislación actual.

"Por eso, me da la impresión", señaló Rodríguez, "que se persigue más la campaña política que la eficacia social al establecer una nueva regulación de la huelga. En caso contrario, se contaría más con los sindicatos y se fijaría un procedimiento de servicios mínimos equitativo".

A su juicio, los sindicatos de clase han demostrao que juegan un papel de moderación y de racionalidad en el ejercicio del derecho de huelga, "como han puesto de manifiesto la solución de los conflictos en el Metro de Madrid y Barcelona, y en Renfe".

Rodríguez afirmó que "no se puede legislar pensando en la EMT, porque hay nueve millones de asalariados y porque en esa empresa no tiene un problema de legislación sino de racionalidad en los comportamientos, que requerirá el aislamiento social de determinadas conductas y la necesaria paciencia para quehaya una solución democrática".

Por su parte, Agustín Moreno dijo que la ley de huelga del Gobierno apunta a "un endurecimiento de las sanciones y recoge viejas demandas de la CEOE, como la de intentar ilegalizar los piquetes informativos de huelguistas".

A su juicio, la intención última de esta ley es recortar el derecho de huelga para limitar la capacidad de respuesta de los trabajadores ante "la imposición de planes antisociales y concretamente el Plan de Convergencia, entendido como recorte d salarios, aumento de la precariedad en el empleo, mantenimiento de una elevada tasa de paro y disminución de la protección social"

"De paso, quizá el Gobierno también pretende ganar votos, alimentando, como con la Ley de Seguridad Ciudadana, los instintos más conservadores de una parte de la sociedad", añadió.

Moreno aseguró que su sindicato continuará defendiendo la autorregulación, ya que la ley puede tener el efecto indeseable de "dispersar, multiplicar y hacer más ingobernables las huelgas". En su opinión, se debería haber negociado primero la autorregulación sindical y, después, darle cobertura jurídica mediante una ley. "Aquí se ha empezado la casa por el tejado, lo que indica malas intenciones y la posibilidad de que se desate un conflicto de grandes proporciones", concluyó.

Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno expresaron su convencimiento de que la autorregulación sindical de la huelga es la mejor fórmula para encauzar la conflictividad laboral.

Afirmaron que UGT y CCOO siempe han respetado los servicios mínimos en las huelgas de servicios considerados esenciales en el proyecto de ley presentado hoy en rueda de prensa por la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde.