A juicio de ambos sindicatos, el paro convocado por una de las patronales del sector del transporte viene acompañado de “altas dosis de violencia por parte de patrullas vinculadas a la Plataforma convocante y con otras posibles ligazones que pretenden más una desestabilización que una solución”.

Además, señalan que, pese al “lenguaje que se viene manifestando por los convocantes, y que siguen buena parte de los medios de comunicación con una falta de rigor alarmante, no estamos ante una huelga (que solo cabe que la desarrollen trabajadores y trabajadoras con relación laboral, no autónomos y empresas) sino ante un cierre patronal, o un cese de actividad empresarial”.

En este sentido, indican que la convocatoria de paro, al no ser una huelga, los trabajadores no pueden sumarse sin “incurrir en una infracción laboral sancionable”. Por ello, creen que los asalariados “están siendo rehenes en este conflicto y sufriendo agresiones verbales y físicas que están poniendo en riesgo su propia integridad física”.

“Además, se está provocando una situación que está poniendo en peligro la cadena de suministros lo que, unido a la delicada situación en la que nos encontramos de salida de la pandemia y de incremento de las incertidumbres ante la situación bélica en Ucrania y sus consecuencias en diversos órdenes, y fundamentalmente en los precios de la energía, está poniendo en riesgo la continuidad de la actividad, y con ello el empleo, de decenas de miles de personas”, alertan CCOO y UGT.

De esta forma, sin restar “legitimidad a las reivindicaciones de cualquier colectivo”, reclaman que las movilizaciones se lleven a cabo “siendo conscientes del delicado momento en el que nos encontramos, buscando salidas favorables a la mayoría de la ciudadanía y respetando en cualquiera de los casos los legítimos derechos a la integridad física de las personas trabajadoras”.

Por último, instan al Gobierno a que convoque “urgentemente” a representantes de empresas y trabajadores para evaluar la situación y tomar las decisiones necesarias para buscar una solución a la situación, “con medidas inmediatas y otras a corto plazo que ordenen los problemas estructurales que conllevan el desajuste de precios energéticos y combustible a este sector y a la economía global”. Asimismo, avisan de que “el gobierno debe garantizar la protección de las personas asalariadas y evitar el efecto contagio a otros colectivos que bajo reivindicaciones legítimas, otros aprovechan en otra dirección”.