Los dirigentes aseguraron que, aunque se apruebe el proyecto de Ley oy en el Parlamento, esto no deslegitima el derecho constitucional a la huelga, al tiempo que garantizaron el éxito de la convocatoria en toda España por los pronunciamientos tan amplios que se están produciendo.

Apolinar Rodríguez dijo que "hay un después que un Gobierno debe saber gestionar. Nosotros, con la determinación del éxito del 27, vamos a tener un comportamiento de mano tendida a la negociación".

Afirmó que en la huelga participarán millones de personas y que tendrá un sentido cuantitaivo: 9 millones de trabajadores y 3 millones de estudiantes y serán centenares de miles los ciudadanos que recorran las calles pidiendo empleo y solidaridad.

Por su parte, Agustín Moreno aseguró que no entendía que hubieran sectores en perfecta sintonía con la CEOE y el PSOE, que dicen que no hay ambiente de huelga en la empresas. "No sabemos en qué empresas ni en qué país viven", sentenció.

Anunció que había agencias de viajes que estaban lanzando ofertas especiales para el puente de la huelga, n especial en el sector de la enseñanza, "lo que significa que empresas especiales que ha visto la posibilidad de negocio porque sabe que la huelga va a ser un éxito, e intentan aprovecharse de ella".

"El Gobierno está perdiendo la poca vergüenza que le quedaba; además de incumplir de forma clamorosa el programa electoral, suprimiendo la autorización administrativa para el despido y recortando el poder adquisitivo de las pensione", agregó.

Sobre algunos representantes de la CEOE dijo que no sabía en qué país vivía o si era que le salían los "tic" franquistas ante el derecho constitucional de la huelga.

Apolinar Rodríguez subrayó que, mientras no entre en vigor la ley, "intentaremos que mejore su contenido por todos los medios legítimos a nuestro alcance y cuando la ley salga del Parlamento, si es equilibrada, trabajaremos con ella, y si no lo es, la acataremos y trataremos de promover una nueva ley".

Añadió que el Gobierno está buscando la manera de pinchar, empañar y reventar el éxito dl día 27, "imponiendo los servicios mínimos abusivos. El Gobierno busca la excusa de la provocación de incidentes, atentando contra este derecho constitucional. Esto es un chantaje absolutamente intolerable".