Ambas formaciones sindicales comparecieron ante la Comisión de Empleo y Economía de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a petición de Izquierda Unida (IU), para tatar sobre el expediente de regulación de empleo, por causas económicas y técnológicas, presentado por la empresa Peugeot-Talbot en la Dirección Provincial de Trabajo.

Durante su intervención, Julio Misiego, representante de CCOO señaló que el expediente regulador que debr ser resuelto en 15 días incluye dos apartados: la rescisión de los contratos de 1.385 trabajadores y la regulación temporal de jornada, que afectaría a 5.010 trabajadores durante 14 días de los meses de marzo y abril.

Julio Misiego precisó que, aunque la Comunidad de Madrid no tiene competencias en la materia, han acudido al Parlamento para que los diputados conozcan la situación de este colectivo de trabajadores.

El representante sindical aseguró que tanto CCOO como UGT rechazan esta medida dela empresa, porque la producción y los beneficios obtenidos superan los cálculos de la dirección.

Según Misiego, Peugeot-Talbot había estimado una producción de unos 100.000 vehículos para 1990 y, a la postre, se fabricaron 142.000 unidades.

En cuanto a las ganancias, el representante de CCOO aseguró que en los últimos cinco años la empresa ha generado 60.000 millones de pesetas de beneficios.

Julio Misiego criticó, además, la política de inversiones de la empresa, "que no corresponde ni a ss propias previsiones ni a las que realizan otras empresas similares del sector".

IMPLICAR A LA ADMINISTRACION

Rogelio Hernández, miembro del comité de empresa por UGT, declaró a Servimedia que exigen a la Administración que tome parte en el conflicto no sólo como mediador.

Según el responsable de UGT, en la anterior crisis, iniciada en 1982, fueron los trabajadores y el Gobierno de la nación, a través de créditos blandos y ayudas del Inem, quienes levantaron la empresa".

"Desde 1982 hasta1987", añadió Hernández, "perdimos veinte puntos en nuestro poder adquisitivo y tuvimos que soportar regulaciones temporales de empleo y prejubilaciones".

El sindicalista indicó que, si el Gobienro del Estado tiene la voluntad política de impedir el expediente regulador presentado por la empresa, la Delegación Provincial de Trabajo deberá rechazar este proyecto.