Los secretarios generales de las federaciones de Srvicios y Administraciones Públicas de CCOO, Carlos Sánchez, y de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, calificaron en rueda de prensa de "provocación rotunda" y "auténtico timo y mentira" la previsión de IPC del 2% del Gobierno para el 2001, y exigieron al Ejecutivo que revise ese objetivo y aplique a los funcionarios una cláusula de revisión salarial para que no sigan perdiendo poder adquisitivo.

Los sindicatos piden una subida salarial para los cerca de 800.000 empleados públicos de la Adminisración General del Estado del 4,6% en el 2001 (un 2% por el IPC previsto, un 1,6% por la desviación del IPC de este año y un 1% por la buena marcha de la economía), lo que, según sus cálculos, tendría un coste adicional sobre lo presupuestado de 29.000 millones de pesetas.

Los responsables sindicales insistieron en que hay márgenes económicos para aplicar esta subida a los funcionarios, dada la buena marcha de la economía y del déficit público, y pidieron al Gobierno que resuelva este problema "tirand de talonario", como lo ha hecho en otros sectores, como, por ejemplo, en el del transporte, según dijo Sánchez.

El dirigente de CCOO, que acusó al Ejecutivo de prepotente y de despreciar a los empleados públicos, aseguró que si el Gobierno no se sienda a negociar "con un talonario" y con otra voluntad política, "el conflicto estará servido" y será un conflicto de larga duración, que continuará incluso después de aprobarse los Presupuestos del Estado.

Durante este mes, CCOO y UGT realizarán más d 5.000 asambleas en los centros de trabajo para informar a los funcionarios de la situación y recogerán firmas de protesta contra la subida del 2% que entregarán al Gobierno y al Parlamento. En noviembre saldrán a la calle con manifestaciones, y en diciembre aumentarán el tono de las movilizaciones, "sin descartar la huelga general de toda la función pública".

UGT y CCOO, que se reunirán la próxima semana con CSIF y otros sindicatos de la función pública para que se sumen a estas acciones, también exien al Gobierno que elimine la tasa de reposición del 25% de vacantes para reducir la temporalidad en el empleo en el sector público, y que retire la nueva normativa sobre movilidad geográfica de los funcionarios.