Previamente, las centrales remitirán sendas cartas a Felipe González, el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, y los grupos parlamentarios, para intentar agotar la vía de la negociación.

Si sus reivindicaciones no son atendidas, iniciarán en noviembre las movilizaciones, con una manifestación de delegados sindicales en Madrid, y acciones de protesta en centros sanitarios, de correos y otras dependencias de la Administración central.

Las feeraciones de Servicios Públicos de UGT y CCOO tratan así de frenar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios el próximo año, que estiman en cinco puntos, es decir, unas 6.000 pesetas por cada 100.000 de sueldo.

Carlos Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, afirmó en rueda de prensa que "si alguien ha convocado la huelga general ha sido el Consejo de Ministros, a nosotros sólo nos queda poner las fechas", pero rechazó realizar la convocatoria hasta agotar a vía del diálogo, para no deteriorar los servicios prestados a los ciudadanos.

Por su parte, Santiago Nieves, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, dijo que según sus estimaciones en 1993 desaparecerán 20.000 funcionarios, que no serán sustituidos.

Además, ambos dirigentes sindicales estimaron que la paralización de la contratación pública de 4.000 nuevos funcionarios durante este año, supondrá que se aumente el grado de deterioro de los servicios públicos.

Sánchz y Nieves afirmaron que la política de no mejorar el mal funcionamiento de los servicios públicos responde a una estrategia de la Administración, para convencer a la sociedad de que la solución a los problemas es la privatización.

UGT y CCOO representan en el sector público a 1.700.000 funcionarios, de la sanidad, educación, correos, y administraciones central, autonómicas y locales.