La Conferencia Internacional de la OIT está estudiando la revisión del Convenio 103 sobre la protección de la maternidad, que no ha sido reformado desde 1952. A juicio de CCOO y UGT, que participan en la Conferencia, es necesario mejorar la protección a la maternidad, dado el creciente número de mujeres que compatibilizan su tabajo con la maternidad y el cuidado de los hijos.

Los sindicatos denuncian a través de un comunicado que la representación del Gobierno español ha optado por las posturas "más regresivas" en cuanto a la limitación de los derechos en materia de protección de la maternidad, cuestinando incluso algunos derechos que ya estaban contemplados hace ochenta años en la primera redacción del Convenio 103, en 1919.

A juicio de CCOO y UGT, con el argumento, "más que dudoso", de que la no concreción de los cotenidos facilitaría la suscripción del Convenio por el mayor número de países y su cumplimiento, el Ejecutivo español "está dispuesto a pasar por encima de la postura consensuada por todos los países miembros de la UE, e incluso a olvidarse de aquellas medidas ya incluidas enla legislación española".

UGT y CCOO critican que la representación española haya votaod en contra de la cobertura a los hijos adoptivos, algo que recoge el anteproyecto de ley sobre conciliación de la vida laboral y familiar recintemente aprobado por el Consejo de Ministros, y la dispensa del trabajo cuando haya riesgo para la salud de la madre o del feto, medida incluída en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los sindicatos rechazan también que el Gobierno español no haya apoyado la extensión de la duración de la licencia de maternidad de las 12 semanas actuales que contempla el Convenio 103 a un mínimo de 14 semanas, la inclusión de los trabajadores autónomos del ámbito de protección del Convenio, o la obligación de os estados de informar a la OIT sobre sus respectivos plazos de permiso por maternidad y de sus ampliaciones.

A su juicio, el Gobierno español "parece mantener un doble discurso en los foros internacionales, ya que todo aquello que dice aceptar en la legislación española no parece ser igual de válido para otros países, especialmente aquellos cuyas legislaciones no están muy desarrolladas en cuanto a derechos y protección, por lo que necesitan de un marco internacional que garantice un mínimo suficient para las trabajadoras".