Los representantes sindicales añadieron que la intención de la concejala del PP Ana María García Armendáriz, con la firma del convenio solicitado para gestionar el IMI en el municipio, es obtener recursos económicos de la CAM, que paliarían las partidas sociales que ellos han rebajado.

Asimismo, informaron que el proyecto de presupuestos municipales para 1993 destina al IMI 200 millones de pesetas, 548 menos que en 1992, con lo que "los sevicios sociales del Ayuntamiento pueden desaparecer".

Esta reducción presupuestaria pone en peligro el puesto de trabajo de 210 asistentes sociales y administrativos que gestionan el salario social.

Ante esta situación, UGT y CCOO han empezado a movilizar a los empleados que pueden quedarse en la calle y esta tarde han convocado una "cadena humana" que enlazará las dos instituciones (Ayuntamiento y CAM), desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol.

Elena Vázquez, consejera de Integracón Social, después de señalar que no debe cantidad alguna al Ayuntamiento en concepto de gestión del IMI, criticó a los gobernantes locales por "querer obtener fondos regionales para suplir su agujero presupuestario en materia de servicios sociales".

Ofreció las cantidades que destinan la CAM y el Ayuntamiento a integración social. Mientras la consejería de Vázquez gasta en estas materias el 11,4% de los presupuestos generales del Gobierno autónomo, la concejalía de García Armendáriz sólo el 2,4%.

Elena Vázquez subrayó que si los responsables municipales persisten en su intención de despedir a los 210 trabajadores sociales, la CAM tendrá que replantearse la gestión del IMI en la capital.

El presupuesto del IMI en 1992 fue de 3.100 millones de pesetas en nóminas, de los que 2.316 corresponden a perceptores de Madrid capital, cantidad que gestionó el Ayuntamiento.

En la actualidad, 7.758 familias de la CAM perciben el IMI, de las que 5.815 son de la capital, lo que supone un total de unas 2.000 personas.

En 1990, en los servicios sociales generales del Ayuntamiento había 167 asistentes sociales y 105 administrativos. Tras la aplicación del IMI se amplió la plantilla con 150 nuevos asistentes sociales y 60 administrativos, los 210 que ahora quieren despedir.