De acuerdo con estos datos, los convenios nuevos afectan a 1.85.211 personas y establecen un incremento retributivo medio del 8,76 por ciento, mientras que los prorrogados de años anteriores abarcan a 1.380.320 trabajadores, y fijan una subida del 8,2 por cien.

UGT estima que la ganancia de poder adquisitivo en el conjunto de convenios colectivos en vigor es del 2,27 por ciento y se mantendrá en torno a esa cifra a final de año, gracias a las cláusulas de salvaguardia, de las que se benefician el 71,5 por cien de los trabajadores.

Apolinar Rodríguez afirmó ue ya no hay un bloqueo generalizado de la negociación colectiva, pero que hay una resistencia "numantina y reaccionaria" por parte de los gestores de las empresas públicas frente a las reivindicaciones sindicales.

Explicó asimismo que las direcciones confederales de UGT y CCOO celebrarán el próximo lunes una reunión para estudiar las medidas a adoptar para acabar con la resistencia de la Administración.

En todo caso, los sindicatos mantendrán la convocatoria de "huelgas selectivas" y manifestacines en las próximas semanas. Los sectores que podrían verse afectadas por la conflictividad son los de Transporte, Químicas, las empresas del Metal del INI, Artes Gráficas y RTVE, Transporte (Renfe, Feve, Iberia, Aviaco y Telefónica) y Alimentación (Cárnicas y Azúcar).

LEY DE HUELGA

Por otra parte, Apolinar Rodríguez manifestó que su sindicato rechazará una negociación tripartita, con presencia de la patronal, para establecer una nueva regulación del derecho de huelga. "Los empresarios no tienen nad que decir", aseguró Rodríguez.

A su juicio, bastaría con desarrollar el mecanismo de autorregulación incluido en la Propuesta Sindical Prioritaria para garantizar el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga y la garantía del funcionamiento de los servicios mínimos a los ciudadanos.

ELECCIONES

De otro lado, la Ejecutiva Confederal de UGT hizo pública hoy una resolución en la que, sin recomendar el voto a ninguna opción política concreta, muestra su simpatía a los programas que asuan la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) y otras medidas de carácter social.

Las medidas indicadas por UGT se refieren a la salud, el transporte, la justicia, la educación, la vivienda y la protección social. Entre estas últimas destaca la propuesta de crear minirresidencias y pisos tutelados suficientes para minusválidos y personas de la tercera edad, a fin de evitar su desarraigo.

En vivienda, UGT aboga por la supresión del "decreto Boyer", el alargamiento de las condiciones de financiación pra la compra de viviendas en protección oficial a través de la banca pública y las cajas de ahorro.