Según Miguel Rodríguez, el problema no es que los parados no quiran trabajar en el campo, sino que los empresarios incumplen el convenio. El dirigente de UGT aseguró que muchos empresarios están pagando la jornada de trabajo a 2.500 pesetas, a pesar que el convenio establece como retribución 3.972.

A su juicio, se debe tener en cuenta cuál es el lugar de residencia de los parados almerienses, ya que buena parte de ellos viven en el interior de la provincia, mientras que el trabajo está en la comarca del poniente.

Por su parte, el responsable de inmigración deCCOO, Federico Pacheco, señaló que "los parados españoles no quieren realizar ciertas actividades no por su propia voluntad, sino por que son trabajos, como todos sabemos, en los que la mayoría de los empresarios no cumplen con la legislación laboral ni con los convenios colectivos en materia de salario, jornada, pago de horas extras, protección en el uso de sustancia tóxica, etc.".

Pacheco agregó que la Administración tolera esta situación por la gran competitividad que da la disminución del coste dela mano de obra, "ya que ahí están los inmigrantes, quienes cercenados de derechos por la Ley de Extranjería no tienen opción y deben aguantarlo todo para mantener a sus familias".