Así lo dijo a Servimedia este representante de UGT, sindicato que presentó una denuncia en marzo del pasado año ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el bajo coste del despido en España. Dicha reclamación fue admitida a trámite en octubre, lo que obliga al Gobierno de España a pronunciarse al respecto.

Precisamente, Fernando Luján desveló esta misma semana que el Gobierno de España ha solicitado al Comité Europeo de Derechos Sociales que se amplíe hasta el próximo 31 de enero el plazo para poder presentar alegaciones a la denuncia de UGT sobre el bajo coste del despido en España.

Luján explicó que este miércoles recibió la notificación del Comité Europeo de Derechos Sociales informándole de la petición del Gobierno para que se amplíe ese plazo. Este responsable sindical se encontraba compartiendo mesa en una jornada de UGT con el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, a quien dijo, en tono jocoso, que le preguntaría por los motivos de esa ampliación.

ANTECEDENTES

En este sentido, explicó a Servimedia que es “muy optimista” sobre que el Comité de Derechos Sociales dará la razón a la postura sindical, ya que ha sucedido lo mismo anteriormente con denuncias similares en el caso de Finlandia, Italia y, más recientemente, con Francia. No obstante, precisó que la legislación del despido en cada país es diferente.

“Uno no puede estar seguro hasta que no llega la resolución. Pero estamos bastante confiados, porque lo contrario sería cambiar el criterio que el Comité ha venido manteniendo prácticamente en la última década”, añadió Luján.

Además, mostró su “sorpresa” por que el Ejecutivo haya pedido ampliar el plazo, ya que el pasado otoño la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se mostró a favor de dotar al despido en España de un carácter restaurativo, es decir, de que la indemnización varíe en función del perjuicio que se cause al trabajador que es despedido de forma injustificada.

“Yo podría entender que el Gobierno solicitara una ampliación de plazo en otras cuestiones. Pero esto parece bastante claro”, sostuvo el vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Al hilo, negó que el hecho de que estemos ante “un año electoral” sea un inconveniente para que se pueda legislar al respecto, abogando por que “dado que parece tan claro por dónde va a ir la resolución” desde el Gobierno, los sindicatos y la patronal se puedan “adelantar” y modificar la actual regulación. En su opinión, la normativa actual no es lo suficientemente “disuasoria” para evitar que las empresas recurran al despido de forma “injusta y arbitraria”.

Finalmente, defendió la necesidad de aprobar un despido restaurativo en España, ya que en otros ámbitos se tienen en cuenta en el ordenamiento jurídico no solo la infracción, sino el daño causado. Así, trazó el paralelismo de que si un conductor se salta las normas de tráfico es penalizado por ello pero, si además, provoca daños personales, el castigo es mayor. A su juicio, en el caso del despido injustificado, se trataría de “examinar cuál es el daño que se ha causado por una decisión injusta, caprichosa, arbitraria e ilegal”.