Según la central sindical, es "especialmente preocupante el énfasis" del texto sobre la obligatoriedad de los vigilantes jurados de "atempearse en el ejercicio de sus legítimos derechos laborales y sindicales".

En su opinión, es "gratuita e irresponsable" la afirmación de que entre un 80 y un 90 por ciento de los trabajadores de la seguridad privada van a dejar de llevar armas de fuego, ya que ésto conllevaría un riesgo para los vigilantes y rebajaría la calidad en los servicios que prestan.

Para UGT, la ley mezcla actividades tan distintas como son la vigilancia y la investigación de detectives privados, lo que provoca confusionesdemuestra un desconocimiento de la realidad del sector.

También critica que se cree la figura del escolta, cuando ésta se limita a las autoridades públicas, que de hecho reciben protección de las fuerzas de seguridad del Estado.

VIDA Y MUERTE

El sindicato incide en un comunicado en la escasa importancia que da la ley a la formación profesional de los trabajadores, cuando, junto al permanente entrenamiento, "puede significar la diferencia entre la vida y la muerte".

"Cuando la transparenci en las actividades financieras se está convirtiendo en una obsesión y se insiste en controlar el 'dinero negro', no deja de ser chocante que se introduzca una nueva actividad para las empresas de seguridad: constituir depósitos de fondos, sin aclarar cómo pueden incurrir en competencia con la banca", señala la nota.

UGT defiende que los vigilantes tengan el carácter de agentes de la autoridad, limitado a los lugares en que desempeñan sus funciones, por considerar que sus derechos y obligaciones profeionales tendrían mayor rigor y más seguridad jurídica.

Por último, la central ha pedido a todos los grupos parlamentarios que tengan en cuenta sus sugerencias para contribuir a la mejora de la ley, "dado el desprecio del Ministerio del Interior hacia los legítimos representantes de los trabajadores".