A juicio de UGT, dicha medida significaría que quedarían en paro de forma inmediata tantos vigilantes de seguridad como miembros de Segridad del Estado se destinaran a dicha ocupación.

Según las cifras que baraja el sindicato, si el número total de efectivos de seguridad privada en España asciende a unos 54.000 trabajadores, con esta medida se reducirían a algo menos de la mitad.

Por su parte, el portavoz del sindicato de policía ANPU, Florentino Díez, señaló a Servimedia que lo que está claro es que la seguridad pública compete exclusivamente al Estado a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

"El tema de los vigilanes jurados es muy respetable, pero son empresas privadas; por lo tanto, si la seguridad pública compete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es lógico que sean ellos quienes tengan que hacerlo", dijo.

El portavoz de ANPU subrayó: "Nosotros defendemos que los funcionarios de segunda actividad -policías o guardias civiles- que voluntariamente lo acepten puedan desarrollar la labor que plantea el Gobierno".

A juicio de ANPU, de esta manera se darían dos circunstancias beneficiosas para toos: por una parte, se ahorraría un gasto y, lo que es mejor, los policías o los guardias civiles que están prestando estos servicios pasarían a prestar otros servicios más operativos, es decir, se incrementaría la vigilancia en la calle y la atención al ciudadano.

"Lo que bajo ningún concepto vamos a aceptar", indicó Díez, "es que se suba la edad para pasar a segunda actividad, porque es una ley que data de 1994 y ya nos hicieron bastante daño cuando el PSOE subió cinco años la edad".

El Estado yel resto de las administraciones autonómicas gastaron en 1995 más de 10.700 millones en vigilantes privados para custodiar edificios públicos, mientras permanecen en situación de disponibilidad 28.242 policías y guardias civiles.