En opinión de UGT, el Ejecutivo emplea el debate socal suscitado tras la difusión de las conclusiones del informe de la "comisión Abril" para "colar medidas privatizadoras a cambio de posponer iniciativas claramente impopulares, que supondrían el pago directo de parte de los servicios y prestaciones por los usuarios".

El sindicato recuerda en su comunicado que en la actualidad, el patrimonio del Insalud pertenece a la Seguridad Social y, por tanto, al conjunto de los trabajadores de este país que lo han constituido con sus cuotas a lo largo de muchos aos.

La división en unidades de gestión diferentes de la atención primaria y la especializada conculca, según UGT, el principio de atención integral a la salud y divide el sistema sanitario público en áreas de diferente rentabilidad para realizar una privatización más fácil.

La Federación de Servicios Públicos rechaza el intento de que, a través del cambio de marco jurídico se limiten las prestaciones, "estableciendo listas de prestaciones básicas y complementarias, que disminuyan los servicios qu en la actualidad reciben los usuarios del sistema público".

El sindicato reconoce, por último, que ellos han sido los primeros que han planteado la necesidad de reformar la gestión de las instituciones sanitarias públicas, pero no permitirán que dejen de respetarse las condiciones de trabajo y los derechos adquiridos.