Dicha impugnación se basaría en el incumplimiento del contrato entre el antiguo INI -hoy SEPI- y el Mnisterio de Defensa, en el que, según Romero, se establece el compromiso del Gobierno de adjudicar a Santa Bárbara los contratos para determinados equipamientos del Ejército.

Romero expresó el malestar que existe en el comité intercentros de Santa Bárbara "por la forma en que el Gobierno está procediendo -al margen de los trabajadores- en la adjudicación de contratos del Ministerio de Defensa y la posible privatización de SBB", para la que dijo que se baraja a la empresa española Patentes Talgo.

l dirigente sindical expresó el temor de las plantillas de Santa Bárbara a que el contrato del "Leopard", valorado en 317.000 millones de pesetas, "sea la condición que está poniendo Talgo", o cualquier otro socio potencial, "para quedarse con la mayoría del capital de SBB Blindados".

Esta última, además, gozará tras la adjudicación del nuevo contrato por Defensa de una situación financiera muy atractiva para el capital privado, ya que los ingresos derivados de la fabricación del "Leopard" se sumaríana los que está generando otra adjudicación anterior, la del "Pizarro" (vehículo blindado ligero), y al equilibrio de la cuenta de resultados que ya registró en 1997.

Carlos Romero señaló a Servimedia que las objeciones de los trabajadores, que ya han sido trasladadas al Ministerio de Industria, del que depende Santa Bárbara, no van ni contra la adjudicación del contrato a SBB ni contra la propia privatización, sino contra la posibilidad de que al final de toda la operación el contrato del "Leopard" -cnsiderado por algunos como el contrato del siglo- acabe gestionado por capital privado, al margen de la empresa estatal y sin posibilidad de reclamar carga de trabajo.

A su juicio, la única forma de que los representantes de los trabajadores no acaben generando un conflicto legal sería que la privatización de SBB se hiciera sin traspasar a empresas privadas la mayoría del capital de la empresa.