López declaró a Servimedia que la política para redistribuir al alumnado inmigrante entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados, que contenía la LOE a su entrada en el Congreso, se ha "diluido".

A su juicio, las modificaciones introducidas en el texto dejan en manos de las comunidades autónomas la reubicación de estos alumnos que, en la mayoría de los casos, seguirán escolarizándose de modo masivo en los centros públicos donde, según datos del curso pasado, estudian el 81% de los alumnos extranjeros.

López calificó de "hipócrita" la postura de las organizaciones que defienden que no se reserven plazas para inmigrantes en todos los centros, también en los privados, en defensa de la "libertad de elección de centro de los padres", ya que, en la práctica, estos alumnos siempre acaban en los centro públicos.

Asimismo, valoró que la "interculturalidad" es positiva para todos los alumnos y apuntó soluciones para evitar el aislamiento de los alumnos inmigrantes, como la reducción de la ratio de inmigrantes por clase, la ampliación de recursos materiales y humanos, las actividades de apoyo a las familias inmigrantes y la creación de aulas de acogida para estos estudiantes.

STES RECLAMA MEDIADORES SOCIALES

Por su parte, el presidente de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES), Augusto Serrano, declaró hoy a Servimedia que son necesarios mediadores sociales para integrar a las familias dentro de la dinámica de la vida escolar.

A su juicio, las Consejerías de Educación y el propio Ministerio deberían dar prioridad a la cuestión de la inmigración y a los serios problemas de integración de estos estudiantes en los centros educativos.

"Echamos en falta más profesores para atender las necesidades de estos alumnos y recibirlos en aulas de integración", explicó. En su opinión, la atención a este colectivo no se está haciendo debidamente, y tampoco la nueva ley contempla medidas para hacerla efectiva.