Rodríguez afirmó que el Plan de Convergencia presentado ayer por Solchaga se reduce a un programa de recorte de los derechos laborales acompañado de un cuadro macroeconómico, que olvida los problemas de la industria, los servicios públicos y los equipamientos sociales.

El dirigente de UGT criticó la falta de un compromiso claro de creación de empleo por parte del Gobierno, al que acusó de haberse inclinado por "la opciónde política económica más conservadora y esquilmadora del desarrollo industrial y social".

Según Rodríguez, UGT considera que la convergencia en "renta per capita" con la media comunitaria no podrá conseguirse hasta el siglo que viene, pero entiende que en la década de los noventa sería posible confluir en nivel de paro, estabilidad en el empleo y protección social.

En consecuencia, UGT propondrá la adopción de medidas para situar en esta década el paro por debajo del 10 por ciento de la població activa y para eliminar el diferencial de 7,5 puntos en protección social y de 25 en la estabilidad en el empleo existente ahora en relación a la CE.

Rodríguez señaló finalmente que los sindicatos abrirán un gran debate nacional sobre el Plan de Convergencia y se mostró convencido de que "a diferencia de la huelga general del 14-D, el Gobierno se va a quedar muy solo no sólo en lo social, sino también en lo institucional e incluso en lo político".

A este respecto, CCOO difundió hoy un comunicado n el que afirma que "la convergencia europea, tal como la entiende el Gobierno de Felipe González puede generar una tensión social similar o mayor a la vivida con motivo del 14 de diciembre".

Según CCOO, las medidas de flexibilidad laboral anunciadas por Solchaga reducirían la cobertura al desempleo en un 50 por ciento, dejando con seguro únicamente al 25 por ciento de los parados, y recortarían en un tercio el importe de las prestaciones.

CCOO considera que el recorte del seguro de paro, unido ala mayor movilidad funcional y geográfica, la congelación de las subvenciones a las empresas públicas y el proyecto de ley de huelga componen "una gran provocación social, con tantos o más motivos como en 1988 para una movilización general en respuesta a las medidas anunciadas".

Para CCOO, el Gobierno da muestras de "papanatismo comunitario" al proponerse lograr una inflación del 3 por ciento y un déficit público del 1 por cien del PIB en 1996, cuando la CE sólo exige su reducción hasta el 3 por cient.