UGT aduce que ese es el ahorro resultante si a los cerca e 4.700 millones de pesetas destinados a los 409 altos cargos oficialmente reconocidos por el Gobierno se les aplica la subida del IPC prevista para 1994, un 3,5 por cien.

La central socialista señala que, aunque apoya esta iniciativa aprobada ayer por el Consejo de Ministros, junto con la supresión de los contratos "blindados" en la Administración, "rechaza de manera rotunda que se aplique esta misma medida al resto de empleados públicos".

En el caso de estos empleados, recuerda UGT, la medida spone "la pérdida acumulada de poder adquisitivo de 6,2 puntos en tan sólo dos años (2,7 por ciento de 1993, más la previsión del 3,5 por cien de aumento del IPC para 1994)".

UNA MANIOBRA

Por eso, el sindicato cree que la decisión de congelar el sueldo de los altos cargos "adoptada, a destiempo, es una maniobra que el Gobierno está utilizando para romper definitivamente las negociaciones para el sector público que venía manteniendo con las organizaciones sindicales".

A este respecto, UGT censurael silencio del Gobierno en torno a un documento que entregó a los sindicatos en la primera semana de diciembre para desarrollar los acuerdos alcanzados con las centrales en la pasada legislatura con el fin de modernizar la Administración Pública.

Ese documento, según el sindicato, proponía la consolidación de unos 60.000 puestos de trabajo en un plazo no superior a tres años desde la entrada en vifgor del acuerdo, el derecho a la formación continua en el puesto de trabajo y la posibilidad de recoloca en la misma localidad al empleado público que se vea afectado por un plan de empleo.

Además, UGT reclama que a esas propuestas gubernamentales se añade el derecho de los sindicatos a negociar planes de empleo para el personal funcionario y el derecho de los funcionarios a seguir desempeñando su trabajo en la misma localidad en el caso de ser transferido de una administración a otra.