En un comunicado difundido hoy, la central que lidera Cándido Méndez denuncia que las privatizaciones "abortan una política industrial competitiva, destruyen empleo, no suponen un ahorro e gastos y no sirven para reducir el déficit público", al tiempo que asegura que "son el primer peldaño hacia un modelo de Estado mínimo, donde impera la ley del más fuerte".

Este sindicato afirma que el sector público español tiene un tamaño inferior al del conjunto de países de la Unión Europea (UE), y critica que, "pese a ello, el Gobierno insiste en su agresión a lo público".

UGT explica que el dinero conseguido por privatizaciones entre 1988 y 1993 (1,6 billones de pesetas) se gastó sin destno ni resultados claros, aunque valora el hecho de que se mantuviera el control público de la gestión. Sin embargo, cree que la política de privatizaciones del PP supone "una nueva vuelta de tuerca, porque se pierde irremisiblemente el control colectivo de las empresas y la posibilidad de perseguir intereses colectivos".

Además, este hecho se agrava porque la política de privatizaciones actual pretende, a su juicio, abarcar el terreno de los servicios públicos, lo que asegura que traerá mayores repercsiones sociales al encarecer algunos de ellos. UGT advierte al Ejecutivo que, en cualquier caso, las privatizaciones deberán ser "absolutamente transparentes y con control democrático del Parlamento".

UGT muestra su apoyo a un sector público "con un peso importante", equivalente al de los países europeos más desarrollados, porque, en su opinión, el sector público es una garantía de cohesión económica y social y un irrenunciable valor para el desarrollo de la política industrial.

Por todo ello, UG hace un llamamiento a todos los trabajadores, porque "la defensa del sector público concierne a toda la sociedad, al ser un pilar esencial para el empleo, los derechos de los ciudadanos y la protección social", y advierte que los sindicatos intensificarán sus actuaciones en defensa de este sector.