A juicio de la UFP, si una personalidad deber ser protegida, es necesario realizar un Plan Integral de Seguridad y asignar número de funcionarios adecuado, ya que actualmente no se hance planes previos.

Según este sindicato, no existe normativa legal específica que determine a quién o qué debe proteger la segridad pública, ya que el aumento de vigilancia a altos cargos, ex altos cargos, familiares y organismos públicos ha motivado el desplazamiento de recursos humanos de otros servicios policiales al Servicio Central de Protección, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

A juicio de este sindicato, los servicios policiales de protección estática se vienen realizando en nefastas condiciones de salud e higiene, hecho que ha sido repetidamente denunciando, desde hace más de 4 años, por esa organización sindical.

Asimismo, señalan que no existen suficientes medios técnicos para realizar la función encomendada con plenas garantías (medios de detección de artefactos explosivos, radiotransmisores portátiles y vehículos).

Por último, la UFP pide la reducción inmediata de servicios de protección y el regreso de los funcionarios actualmente dedicados a estas funciones a sus misiones policiales específicas.

La UFP denunció también recientemente que miembros del Cuerpo Nacional de Poicía adscritos al Servicio Central de Protección realizaban tareas que no le corresponden como llevar los niños de altos cargos al colegio o hacer recados a sus esposas.