Los modelos fiscalesde estos países penalizan a los fondos extranjeros ya que las aportaciones a este tipo de fondo no da lugar a desgravación fiscal, mientras que esto sí sucede con los fondos nacionales.

La Comisión Europea considera este tratamiento preferente concedido a los fondos de pensión nacionales como "incompatible" con el Tratado de la Comisión, por lo que es necesario romper con estos usos fiscales contrarios a la protección de todos los pensionistas comunitarios.

En el caso de España, el Gobierno ya haadmitido que las disposiciones actualmente vigentes no son compatibles con el Derecho comunitario y se ha comprometido con Bruselas a introducir las modificaciones necesarias antes de septiembre de 2005, fecha límite establecida para la aplicación de la Directiva relativa a los fondos de pensiones.

Sin embargo, la Comisión considera que este plazo no es suficiente, por lo que ha incluido a España entre los países que tienen que solucionar este asunto en el plazo más breve posible.

La Comisión desaca que el hecho de no permitir a los trabajadores que se desplazan una desgravación fiscal por las contribuciones a las pensiones abonadas a su sistema original restringe su derecho de libre circulación. Del mismo modo, la discriminación fiscal impide a los fondos de pensiones hacer uso de su libertad de prestación de servicios.