El ponente de la propuesta, el comisario Roy Perry, considera que el citado Libro Blanco no cuenta con la financiación ncesaria para el cumplimiento de sus objetivos, que se basan en el aprovechamiento de los instrumentos comunitarios para fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, acercar las escuelas al sector empresarial, luchar contra la exclusión social, promover el dominio de los idiomas comunitarios y alentar a los Estados miembros a conceder la misma importancia a la inversión en la formación que a la destinada a equipamiento.

En concreto, Perry señala que no contiene suficiente información sobre medidas estinadas a colectivos específicos, como mujeres, trabajadores de edad avanzada o personas con discapacidad.

Así, la propuesta de resolución hace hincapié en estos sectores que tienen más dificultades para acceder a una educación adecuada a sus posibilidades, como los discapacitados, para los que el ponente exige el respaldo que necesitan a la hora de participar en el sistema educativo convencional.

También propugna el fomento del aprendizaje de idiomas y del lenguaje de signos. En cuanto a la tecera edad, solicita apoyo para toda iniciativa pública o privada destinada a ancianos o jubilados del tipo Universidad de la Tercera Edad.

Finalmente, Perry pide que los futuros Libros Blancos definan más claramente los costes de las políticas, los progresos obtenidos y un calendario de información a la autoridad presupuestaria sobre su aplicación, además de recoger una evaluación sobre el éxito o fracaso de las medidas adoptadas.