La Eurocámara también se ha mostrado a favor de que las medidas de protección se apliquen igualmente a las monedas nacionales que van a ser sustituidas por la moneda común en el 2002. Las nacionales pueden ser canjeadas por euros durante un período de 20 años, lo que supone un riesgo adicional de falsificación.

Por otro lado, los parlamentarios han estado de acuerdo en que se establezca más claramente la competencia judicial para juzgar estos delitos, y quese introduzca el principio según el cual un falsificador con sentencia definitiva en un Estado de la UE no pueda ser procesado en otro por los mismos hechos cometidos.