Las nuevas propuestas adoptadas son un paso adelante en comparación con los códigos actuales. Por un lado, los documentos que se incluyan estarán cubiertos por las reglas e acceso a ellos (hasta ahora excluidos) y, por otro, los solicitantes a los que se deniegue un documento por parte de alguna de las instituciones podrán acceder finalmente a él si la Comisión no responde en el plazo fijado.

La proposición cubre todos los contenidos sobre políticas, acciones y decisiones importantes procedentes de estas instituciones comunitarias, sin importar el soporte que tengan (papel, electrónico, registro audiovisual, etc.). Eso sí, excluye los documentos de reflexión o discusió, así como servicios y mensajes informales.

El Ejecutivo ha querido incluir una serie de excepciones en su documento, relativas al principio de apertura para proteger el interés público, el respeto de la vida privada, el secreto comercial, industrial y económico de las personas físicas y morales, además de la confidencialidad solicitada por los países terceros que suministren documentación o información.

Para elaborar esta propuesta, la Comisión se ha basado en un examen centrado en las prácticasen todos y cada uno de los Estados miembros y en la experiencia adquirida desde 1994 con su código de acceso.