En su informe, la comisión considera que el contenido ilegal que circula por Internet, aunque limitado, puede dañar la salud psíquica, la seguridad y los interses económicos de los consumidores. La dificultad reside en cómo establecer unas normas éticas.

A esta dificultad para establecer unos criterios que faciliten la lucha contra los contenidos peligrosos hay que sumar la ausencia de normas jurídicas idénticas o comparables entre los distintos Estados miembros de la UE. Por ejemplo, la protección de los niños es uno de los primeros objetivos planteados en el informe, pero el concepto "niño" equivale a edades distintas según el país de que se trate.

U problema más reside en el hecho de que el servidor de Internet pueda ser explotado de forma anónima, y el envío anónimo de correo electrónico es perfectamente posible.

La comisión concluye que convendría aprovechar la experiencia de las policías nacionales en la lucha contra delitos a través de Internet.