Según el Ejecutivo Comunitario, esta restricción que incluye la Ley de Seguridad Privada podría estar vulnerando la libertad de prestación de servicios dentro del mercado interior. Si el Gobierno español no responde satsfactoriamente, la Comisión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

España no reconoce automáticamente el derecho de los servicios privados de seguridad no españoles, incluso cuando cuentan con la autorización de operar en cualquier otra parte de la UE.

Además, en nuestro país, la autorización de trabajar como servicio privado de seguridad se concede sólo a empresas, y no a particulares.

En la legislación española se dan otras restricciones que podrían contradecirlas normas en materia de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, según la Comisión. Una de ellas es no reconocer las cualificaciones profesionales obtenidas en otros Estados miembros de la UE distintos de España y no conceder validez a las licencias de explotación expedidas en otros Estados miembros.