El objetivo de este reglamento, que ha entrado en vigor en todo el territoio comunitario salvo Dinamarca, es garantizar que los menores puedan mantener el contacto con sus padres después de un divorcio o separación, incluso si éstos viven en dos estados miembros diferentes.

Asimismo, se pretende acabar con los casos de secuestro de hijos por parte de alguno de los cónyuges en la UE. Para disuadir de estos secuestros, la normativa comunitaria prevé que los tribunales del Estado miembro en el que el niño vivía antes del secuestro sean los competentes para decidir en última instancia el lugar de residencia del menor.