La Comisión cuestiona la compatibilidad de estas medidas con la normativa europea sobre ayudas estatales. Pese a todo, no descarta que estas ayudas no sean simples compensaciones para el funcionamiento del sector.

En el caso de que la Comisión considere improcedentes estas ayudas, obligará a las autoridades españolas a recuperarlas. El Gobierno españo, una vez reciba el dictamen de la Comisión, dispone de un mes para formular sus alegaciones.