La decisión del Ejecutivo comunitario se debe a una pregunta parlamentaria que le ha dirigido el eurodiputado de Eusko Alkartasuna Gorka Knorr, quien denunció que el proycto de un túnel de esa vía ferrea hizo que muchos habitantes de Marivella (Zaragoza) se vieran privados del suministro de agua potable que recibían de pozos de la zona, y que el ayuntamiento tuviera que distribuir el agua con camiones cisternas.

El eurodiputado pregunta a la Comisión si, dado que el tren está financiado con los Fondos de Cohesión de la UE, conoce este hecho y si "puede informarse sobre el tema para evitar que en el futuro este tipo de incidentes, que ponen en peligro gravemente la ecoomía de una región, se vuelvan a producir"

En la respuesta a la pregunta parlamentaria, el comisario de Política Regional, Michel Barnier, indica que, según las informaciones recibidas de las autoridades españolas, durante la evalución del proyecto del tren de alta velocidad, "las eventuales dificultades relativas a la zona de Miravella no deberían haber afectado ni a las capas acuíferas subterráneas utilizadas para las estaciones termales, ni a las actividades de embotellado de agua mineral".