Según la ponente, el desarrollo social y económico camina paralelo a la paz, a la segridad, al equilibrio ecológico y al respeto de los derechos humanos. Por ello, los Estados miembros deben aplicar las conclusiones de las Conferencias de Río, Viena, El Cairo, Pekín y Estambul.

El informe Schörling pone de manifiesto que la lucha contra la pobreza y la exclusión social ha de constituir una prioridad absoluta para la Unión Europea, e insta a que las medidas que deban tomarse sean financiadas por el Fondo Social Europeo.

Asimismo, señala que la Comisión Europea debería examinar quétipo de instrumentos jurídicos son los más adecuados para combatir la pobreza y la exclusión, urgiendo al Consejo de Ministros a que adopte de una vez el cuarto programa de lucha contra la pobreza.

El Ejecutivo comunitario debe, según se expresa en el informe Schörling, intensificar la cooperación entre las organizaciones internacionales que desarrollan su trabajo en el ámbito del desarrollo social.

El informe insta a los Estados miembros y a la Comisión a establecer un impuesto global sobre la epeculación internacional de monedas. El dinero proveniente de este impuesto se destinaría a un "Fondo global para la seguridad humana", para contribuir a reducir la deuda de los países más pobres.

Por último, tanto los Estados miembros de la UE como la propia Comisión deben desarrollar un papel más activo para conseguir la elaboración de normas sociales y éticas en el ámbito de los intercambios comerciales internacionales.