En el caso de España, las ayudas ascendieron a unos 17.000 millones de pesetas, consistentes en bonificaciones de hasta un 65% en las cuotas que abonan los pescadores y sus patronos a la Seguridad Social, créditos blandos y aplazamientos en el pago de impuestos.

Las ayudas directas a la producción por parte de los estados esán prohibidas por la Unión Europea (UE), para garantizar la libre competencia entre los sectores productivos de todos los países miembros.

La UE duda sobre la compatibilidad de las ayudas españolas con esta normativa y, además, arremete contra España por no comunicar a las autoridades comunitarias la concesión de este tipo de apoyos económicos al sector de la pesca.

Si la Comisión Europea llega a la conclusión de que las ayudas son ilegales, tanto los pescadores españoles como los franceses que s beneficiaron de las subvenciones deberán devolverlas.