En la declaración, los Quince aceptan el texto de la Comisión que propone medidas para disuadir y sancionar penalmente a los individuos que practcan la explotación sexual de los niños, y manifiestan su apoyo a los esfuerzos iniciados para luchar contra este fenómeno.

El texto aprobado afirma que el Consejo y los Estados miembros "se adhieren sin reservas a esta lucha y están dispuestos a fomentar cualquier medida destinada a fortalecer la concertación entre Estados miembros, así como su cooperación con la industria del turismo y las organizaciones no gubernamentales con el fin de acabar con este mal".