Las nuevas directrices establecen dos principios: el primero, que toda ayuda de Estado para el sector agrícola sea compatible con la Política Agrícola Común (PAC) y con las obligaciones internacionales de la UE, como pueden ser los acuerdos alcanzados en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El segundo principio está inspirado en la definición que da el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a las ayudas de Estado, por la cul deben contribuir al desarrollo de determinadas actividades económicas o regiones. Por este motivo, se descartan aquellas que sólo mejoren la situación financiera del beneficiario, que serán incompatibles con el Tratado CE.

El nuevo texto se aplicará a las ayudas de Estado atribuidas después del 1 de enero del 2000, y no afectará a las ayudas individuales ya acordadas a los explotadores agrícolas en los regímenes existentes. Los Quince tendrán un plazo de un año para adoptar sus regímenes de ayudas alas nuevas directrices.