Según informó el Europarlamento, se trata de mejorar la eficacia en el sector de la energía y la competitividad de la economía europea.

La nueva normativa impedirá que los países miembros de la UE ponan barreras al acceso de terceros a las redes, mediante la publicación de tarifas no discriminatorias en el caso del gas. A su vez, las empresas tendrán la obligación de garantizar el acceso de los consumidores nacionales en igualdad de condiciones a otras empresas de la UE.

La liberalización de estos sectores implica que se podrá separar la gestión de la red de transporte del producto energético de las otras partes de la empresa, como la obtención o el tratamiento de la energía.