En España la compra de bienes inmobiliario por un no residente se considera inversión extranjera y se obliga a efectuar la transacción acudiendo a un notario español, incluso si las partes contractuales ya han concluido la compra-venta ante un notario de otro país.

La Comisión considera que que esta norma es contraria a la libre circulación de trabajadores, al derecho de establecimiento, a la libre prestación de servicios y a la libre circulación de capitales.

La Comisión Europea decidió además enviar un dictamen motivado a España, para ue alegue por qué no transpone a la legislación las directivas europeas relativas a las materias explosivas.

El Ejecutivo comunitario también envió un dictamen por no aplicar la legislación comunitaria sobre materias nocivas, productos de construcción, etiquetado de zapatos y reglas técnicas aplicables a los barcos de recreo.

Si en el plazo de dos meses no se recibe una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades españolas, el Ejecutivo podría acudir al Tribunal de Justicia de las Comuniades Europeas con sede en Luxemburgo.