Según informó hoy la Comisión, se ha enviado un dictamen motivdo a las autoridades españolas al considerar una "discriminación evidente" hacia aseguradoras no españolas.

A pesar de que las terceras directivas sobre el seguro vida permiten a los Estados miembros que los tomadores de seguros rescindan de los contratos en un plazo determinado de tiempo y a través de una cesión de cartera, si un Estado se acoge a tal posibilidad, no puede llevar a cabo una distinción entre aseguradoras españolas y otras con elementos transfronterizos.

El Derecho español no contmpla la posibilidad de rescisión después de una cesión total de cartera entre dos empresas españolas, sin embargo, si contempla la opción de hacerlo en caso de que la cesión, ya sea total o parcial, se realice hacia un asegurador de otro Estado miembro que ejerce en España en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios.

Esto también ocurre en el caso de que una empresa establecida en otro Estado miembro ceda su cartera de riesgos y compromisos situados en España a una compañía de segros española.

Además, en estos dos últimos casos, las empresas implicadas deben informar individualmente los interesados de su derecho a resolver sus contratos y a obtener el reembolso de la prima no consumida.

La Comisión, por tanto, ha considerado que la normativa española constituye una "discriminación evidente" hacia las aseguradoras no españolas, lo cual infringe a las terceras directivas relativas a los seguros y al principio de la libre circulación de servicios, por lo cual ha enviado un dctamen motivado para la rectificación de la norma en cuestión.