En su resolución, el magistrado decreta la libertad bajo fianza de 30.000 euros para Oscar Goñi Petrirena, José Manuel Jurado Torvisco, ex concejales de los ayuntamientos de Vera de Bidasa y de Villaba, respectivamente.

La otra persona que saldrá de la cárcel tras depositar la fianza es Lander Etxebarría Garitacelaya, ex portavoz de Sozialista Abertzaleak, sucesora de Batasuna, en el Ayuntamiento de Bilbao. Este último es además responsable de la campaña de distribución del denominado "documento de identidad vasco", según la investigación.

Los tres deberán comparecer semanalmente en el domicilio en el juzgado más próximo a su domicilio y no podrán salir del territorio nacional si permiso.

Garzón fija la misma fianza que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableció el pasado 5 de abril en un auto por el que decretó la excarcelación de cuatro imputados: Miren Josu Aramburu, Imanol Esnaola, Loren Arkotxa y Charles Etchezarreta.

Por otra parte, en su resolución Garzón decide mantener la prisión para Joseba Mikel Garmendia Albarracín, miembro de la comisión ejecutiva de la Udalbiltza y presunto miembro del entramado financiero de ETA; Miriam Cmpos Alonso, responsable derelaciones exteriores de la plataforma Udalbiltza; Mirem Karmele Urbistondo Aramburu, ex concejala del Ayuntamiento de Urnieta; y Xabier Alegría Loinaz, ex dirigente de KAS.

El juez argumenta que, en el caso de estas personas, la actividad de reiteración delictivas ha sido "clara y evidente", ya que tras quedar en libertad por otras causas "han vuelto a desarrollar similar actividad delictiva y, por ende, pueden continuarla a otros ámbitos en los que la organización terrorisa los precise, o sustraerse a la acción de la justicia".

Una vez excarcelados, todos ellos tendrán la obligación "apud acta" de presentarse quincenalmente en la comisaría más próxima a su domicilio.

En este caso también fueron puestas en libertad otras dos personas: Eider Casanova y Larraitz Sanzberro, ex ediles de Batasuna en Barakaldo (Vizcaya) y Oiartzun (Guipúzcoa), respectivamente.

LA INVESTIGACIÓN

Según la investigación, Garzón considera indiciariamente acreditado que la entidad Udaliltza-Kursaal está integrada "dentro del mismo armazón del complejo terrorista dirigido por ETA-EKIN".

Señala que los responsables imputados en esta causa están vinculados a Ekin, "como requisito ineludible para poder controlar, en cumplimiento del proyecto de ETA, el curso de las actividades de Udalbiltza-Kursaal"

Asimismo, sostiene que, tras la ruptura de la denominada "tregua" de ETA, la Udalbiltza se convierte en una entidad sin actividad, "pero a través de la denominada Udalbiltza-Kursaal, cmo una entidad exclusiva del Movimiento de Liberación Nacional Vasco o Izquierda Abertzale [...] pasa a ser un instrumento fundamental del entramado terrorista para la sustitución de aquella, tras la suspensión de actividades" decretada por Garzón.

Para Garzón, la Udalbiltza de Batasuna fue creada para "burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales pretendidamente independientes que aseguren su presencia y control del ámbito municipal, y que, a su vez, sirva de base, anto económica como política, a la plataforma Udalbiltza-Kursaal y constituya el embrión del futuro partido político sustitutivo de Herri Batasuna-EH-Batasuna-Socialista Abertzaleak".

La operación desarrollada contra la Udalbiltza se produjo a raiz de una documentación requisada en su día a Ibon Fernández Iradi, alias "Susper", cuando fue detenido en diciembre de 2002 cerca de Bayona.