Se trata del alcalde de Oiarzun (Guipúzcoa), Xabier Iragorri Gamio, y del de Ondárroa (Vizcaya), Loren Arkotxa, así como de Imanol Esnaola y Miren Josu Aranburu, concejales de las localidades guipuzcoanas de Lezo y Urretxu, respectivamente. Todos ellos fueron elegidos por Batasuna.

Ante el juez también comparecieron Xabier Alegría, ex dirigente de KAS, y Joseba Mikel Garmendia Albarracín, miembro de la Comisión Ejeutiva de la Udalbiltza, según la investigación de Garzón, y acusado de gestionar el entramado financiero de ETA por medio de la empresa Banaka. Este último ha sido nombrado recientemente profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco.

Según la investigación de Garzón, el alcalde de Ondárroa, Loren Arkotxa, es presidente de Udalbiltza Kursaal, mientras que el Ayuntamiento de Oyarzun fue uno de los que intervinieron en la creación de Udalbiltza Konsorzio.

En la resolución dictada elpasado 30 de abril, el magistrado ya anunció una investigación por malversación de caudales públicos, dado que, "según los indicios existentes en este momento se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos ayuntamientos del País Vasco y Navarra, controlados por HB-EH-Batasuna-Sozialista Abertzaleak, para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista".

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