El fiscal del caso considera a Domínguez autor de un delito de entrada ilegal en domicilio, por lo que pide 6 meses de suspensión y multa de 100.000 pesetas; de otro de falsedad en documento oficia, por lo que solcita 6 años y un día de cárcel y multa de otras 100.000 pesetas; y de otro delito contra la salud pública, por el que quiere una condena de otros 9 años de prisión mayor, multa de 100.000.001 pesetas y 9 años de inhabilitación absoluta.

Domínguez denunció en junio de 1991 las supuestas prácticas ilegales cometidas en la Ucifa, a la que pertenecía, presentando una querella criminal en un juzgado madrileño contra el comandante del grupo, José Ramón Pindado; el capitán Jesús Narciso NúñezCalvo y el sargento Gonzalo Menéndez Gutiérrez, quienes, según el "arrepentido", utilizaban la droga que importaban de Colombia para pagar a sus confidentes.

La competencia del caso correspondió finalmente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien desmanteló la Ucifa y decretó en febrero del pasado año el procesamiento de 14 personas, entre ellos el teniente coronel Francisco Quintero y el comandante José Ramón Pindado.

A juicio de Rodríguez Menéndez, en su petición de condena, la fscalía "aplica criterios según le parece y mientras que al señor Portabales y compañía se les aplican una serie de criterios en los que se les reconocía su arrepentimiento, en cambio, en el tema de Vicente Domínguez, que desde el primer momento colaboró en todo, no se le reconoce la colaboración".

El abogado agregó que los criterios de la fiscalía para solicitar esas penas no tienen "ningún rigor" y destacó que el informe del ministerio público no menciona la colaboración de Domínguez con la justicia o que, a su juicio, "es increíble".

Indicó que Domínguez está "muy bien, tranquilísimo" y agregó que no le sorprendió la petición del fiscal "porque yo siempre le he dicho que no se fiara de nada".

Respecto a las penas solicitadas por el fiscal para el teniente coronel Quintero y el comandante Pindado, 9 y 15 años de prisión, respectivamente, además de 9 años de inhabilitación y multas de 100 millones de pesetas para cada uno, el letrado afirmó que "a mí nunca me es agradable el que a las persona les pidan penas de prisión. La verdad es que yo soy enemigo de la prisión siempre, por lo tanto no me da ninguna satisfacción".

Finalmente, añadió que las penas solicitadas para estos mandos y su defendido "no tienen relación ninguna, ni ninguna ponderación respecto a la actuación de uno y otro. No tiene ni pies ni cabeza", concluyó.