En un comunicado difudido hoy, la UCE exige un nuevo marco normativo en materia de vivienda que ofrezca unas garantías "más eficaces" al consumidor en las distintas formas de acceso a la vivienda.

Los responsables de esa organización de consumidores explican que la causa que les han llevado a exigir esta nueva normativa ha sido el fuerte aumento registrado en las consultas y reclamaciones de los consumidores sobre vivienda en 1992, del 25 por ciento.

Para la UCE, las medidas más urgentes que debe llevar a cabo el Goberno son la aprobación inmediata de disposiciones que regulen las garantías y responsabilidades en la construcción, la venta en multipropiedad y que den estabilidad al marco jurídico en materia de arrendamientos.

Los responsables de la UCE consideran que sólo mediante una legislación que impulse la transparencia en el sector de la vivienda, apueste fuerte por la prevención y otorgue unas garantías suficientes al consumidor, "se podrá superar la desprotección a la que en la actualidad está sometido el suario en el tráfico inmobiliario".

Según la UCE, en 1992 se registraron 25.167 consultas y 7.961 reclamaciones relacionadas con la vivienda. La mayoría de las consultas tenían que ver con las ayudas previstas en el Plan de Vivienda del Gobierno 1992-95, los cambios que ocasionará la nueva LAU, la multipropiedad y las irregularidades en la adquisición y alquiler de viviendas.

Dentro de las reclamaciones, destacan las relacionadas con deficiencias en la calidad, como el incorrecto funcionamiento d las instalaciones en las comunidades de propietarios, deficiencias en la construcción o acabado de las viviendas y malas condiciones de habitabilidad de las casas arrendadas, y las motivadas por irregularidades en los contratos de compraventa de viviendas, fundamentalmente en vivienda libre y multipropiedad.

Entre estas últimas, las más importantes fueron las relacionadas con la imposición de notarios en la firma de escrituras, la ausencia de garantías sobre las cantidades que se entregan a cuenta enlas viviendas en construcción y la negativa del promotor de viviendas en multipropiedad a entregar a los compradores la documentación completa sobre la edificación y la vivienda que se adquiere.