Según esta organización, la actual normativa (Ley Concursal) está pensada fundamentalmente para las empresas, tiene un elevado coste (requiere de abogado y procurador) y establece un procedimiento demasiado complejo, por lo que no es capaz de dar una respuesta adecuada a la situación de endeudamiento que atraviesan muchas familias, que quedan en una situación clara de indefensión ante las entidades financieras.

Esta indefensión se manifiesta, de forma clara, ante la ejecución de embargos que están poniendo a muchas familias en situaciones límite.

A esta situación "se suma que bancos y cajas han limitado el crédito, y endurecido sus condiciones, por lo que conseguir una hipoteca o una financiación resulta una tarea casi imposible y, en el mejor de los casos, pasa por tener que aceptar unas pésimas condiciones".

Según UCE, cada vez son más frecuentes entre los consumidores quejas por la modificación de los límites de crédito en las tarjetas; por retrasos en la concesión de créditos o hipotecas; y porque al conceder un crédito, se imponen otros productos de la entidad.