Según esta organización, las administraciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno) han tomado como referencia el dato de los meses de julio y agosto (en torno al 5%) para los incrementos de tasas y servicios públicos, una cifra "desorbitada si tenemos en cuenta el dato del IPC que acaba de hacerse público para 2008 (1,5%)".

La situación supone que el incremento del coste de estos servicios supere un 300% la inflación real, según datos de la organización de consumidores.

Esta asociación considera "escandaloso" que, mientras que el sector privado "está respondiendo adecuadamente a la situación de crisis, moderando precios, sean precisamente los servicios públicos y las tasas dependientes de la administración las que estén perjudicando en mayor medida los bolsillos de los ciudadanos".

Estas subidas "desproporcionadas" incidirán directamente en el coste de servicios públicos como el transporte urbano, el agua, la recogida de basuras o la electricidad, y tendrá efectos especialmente negativos en las economías más débiles: rentas bajas y pensionistas.

A juicio de UCE, los criterios empleados para el aumento de tasas y servicios públicos distan mucho los criterios empleados para la subidas salariales en los convenios colectivos y para el aumento de las pensiones.

En el caso del transporte público resulta "especialmente sangrante" la actitud de la administración, puesto que la reducción del precio del petróleo ha tenido ya su efecto en el coste del litro de gasolina.