Entre ellas figura la creación de una Secretaría de Estado de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores, vinculada al Ministerio de Economía, no al de Sanidad, en el que se encuadra actualmente el consumo.

UCE propone también la creación de un Consorcio Público para el Control y la Disciplina de Mercado entre el Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y el Consejo de Consumidores y que se garantice la tutela judicial efectiva de los consumidores, ampliando a 3.000 euros los juicios verbales de menor cuantía, que no requieren abogado ni procurador.

Otras de las medidas que defiende UCE son la creación de un Estatuto del Usuario de los Servicios de Interés General y el desarrollo de una ley que regule la representación, competencia y financiación de las asociaciones de consumidores.

Asimismo, pide que se incorpore al Sistema Arbitral de Consumo a todas las empresas públicas y las que disfruten de un régimen de concesión administrativa.

Finalmente, UCE propone la puesta en marcha de programas anuales de consumo sostenible, a fin potenciar medidas de consumo responsable que minimicen el impacto sobre el medio ambiente, y de programas anuales de comercio justo, que contribuyan a potenciar esta modalidad de comercio.