Fuentes de esta organización manifestaron hoy a Servimedia su satisfacción por el anuncio de la inminente derogación del "decreto Boyer" y su sustitución por una normativa que prohibir el aumento de los precios de los alquileres por encima del IPC.

Para la UCE, sin embargo, es muy improbable que la nueva normativa impida la subida del alquiler por encima de la inflación cuando se produzca un cambio del inquilino, razón por la cual considera necesario establecer un periodo mínimo de alquiler de cinco años, cancelable sólo por parte del arrendatario.

La UCE llama la atención, no obstante, sobre la necesidad de proceder a esta reforma legislativa sin desalentar la construcción deviviendas en alquiler. Con ese fin, deberían tomarse, a su juicio, medidas que incentiven la construcción de este tipo de pisos por parte de promotores privados y públicos.

En caso contrario, podría reducirse aún más el raquítico mercado de viviendas de alquiler existente en España, formado por sólo 1.379.259 pisos, según la última encuesta realizada por el Ministerio de Obras Públicas, con datos correspondientes a 1989.

De todos esos pisos, 274.073 estaban alquilados por el "decreto Boyer" y, po tanto, sus inquilinos no tenían derecho a la prórroga forzosa del contrato. Como consecuencia, el 64,5 por cien tenían contratos de menos de un año de duración.