El Reglamento, según un comunicado hecho público hoy por la UCE, debería fijar anualmente los objetivos cualitativos de la compañía y las consiguientes sanciones en caso de incumplimiento por parte de la empresa.

También tendría que determinar los derecho y las obligaciones de los usuarios y la compañía "sobre todo, en unos momentos, en los que después de un incremento de las tarifas, se observa un descenso de los niveles de calidad, al menos, en lo que a grandes ciudades se refiere".

La UCE pide, finalmente, el establecimiento de un sistema de tramitación rápida y equitativa de las reclamaciones de los usuarios.

Para la UCE, sólo estas medidas justificarían una regularización del marco tarifario basada en la adecuación del recibo del teléfono alcoste real del servicio.