El escrito argumenta que la operación puede tener consecuencias negativas para los consumidores, ya que la concentración en el mercado eléctrico contribuye a la "falsa liberalización" del sector, ante l "total ausencia de competencia efectiva entre las empresas".

Según la UCE, la operación vulnera, además, el protocolo eléctrico, firmado por las empresas del sector en 1996, que comprometía a las empresas firmantes a no poseer participación alguna, ni directa ni indirecta, en el capital del resto de las compañías.

Para la UCE, "este protocolo eléctrico se constituyó en la base inspiradora de la actual Ley del Sector Eléctrico, de forma que con esta operación se incumple claramente el espíritu lieralizador de la ley que, en definitiva, persigue la introducción de competencia en el sector".

La organización de consumidores estima que "la situación en la que quedaría el sector, con tan sólo tres competidores, favorecería las condiciones para que se produjeran pactos, tácitos o expresos, tendentes a la ordenación concertada del funcionamiento del sector hidroeléctrico, situación esta que no beneficia en absoluto el interés de los consumidores".