Enrique García, portavoz d la UCE, manifestó a Servimedia que la propuesta de Juan Manuel Fernández López, director de la APD, es "magnífica" y "muy positiva". "Lo que no tiene sentido es que vulnerar el derecho a la intimidad le sea rentable a las empresas, porque tienen unos beneficios que están muy por encima de las multas actuales", indicó.

"Se tiene que empezar a actuar de forma seria, advirtiendo a las empresas que pueden dañar su viabilidad económica, si cometen prácticas que infringen claramente la ley", apuntó García. Por su parte, Miguel Martínez, portavoz de la OCU, indicó que la propuesta de la APD "es más consecuente" que el sistema actual, porque al cifrar la sanción en un porcentaje también evita que pueda ser excesiva.

"Cincuenta millones para una empresa como Telefónica no es nada, 50 millones para una pequeña empresa que ha tenido la desgracia de adquirir una base de datos sin asegurarse de que era autorizada, la crucifica", aclaró.

La OCU considera que esta filosofía debería aplicarse a gran pate de los procedimientos sancionadores existentes en el Estado español. "El establecimiento de cantidades fijas puede ser muy injusto, en un sentido o en otro", concluyó Martínez.