Según UCE, las declaraciones de Miguel Sebastián en las que aseguraba que su Ministerio exigirá el cumplimiento del 80% de la velocidad contratada resultan "inaceptables" porque se presupone el incumplimiento contractual por parte de las compañías de servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, considera que se ponen en duda los más elementales derechos de los consumidores y propone que se "debería también exigir a los usuarios el pago del 80% del coste de los servicios contratados" para lograr "el equilibrio entre las partes".

Además, la asociación reconoce que, a fecha de hoy, no tiene constancia ni conocimiento de la anunciada Carta de Derechos de los usuarios realizada por el Ministerio y valora que se exija a las compañías de telecomunicaciones que informen a los usuarios de la velocidad real de conexión.