En consecuencia, la UCE exige la paralización del proyecto, que ha sido nviado al Senado para su aprobación, "porque en ningún momento ha sido consultada la opinión de los representantes de los consumidores, destinatarios únicos de este proyecto".

El proyecto de ley establece el pago de un canon por copia privada de 30 pesetas por hora de cinta de audio virgen y 50 pesetas por hora de cinta de vídeo, que se destinarán a un fondo de compensación para los creadores, en concepto de los derechos de autor que dejan de percibir por las copias particulares.

Otra de las parts implicadas, los fabricantes, informarán el próximo lunes del alcance de la aplicación del canon, que, según la Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Soportes Magnéticos (ANFIMA), exigirá a las empresas del sector el pago de 20.000 millones con carácter retroactivo, lo cual podría provocar en muchas de ellas la suspensión de pagos.

APLICACION INDISCRIMINADA

La UCE afirma que la aplicación del canon que establece la ley supondría una importante carga injusta e indiscriminada para el cnsumidor, ya que se aplicará igualmente a todos los compradores de cintas, independientemente del uso que vayan a hacer de ellas.

No consideran justo que se grave a todos los compradores de soportes magnéticos, lo mismo si se utilizan para grabaciones provisionales o para colecciones, si se encuentra o no lo grabado sujeto a derechos de autor y sean o no programas, canciones, películas españoles o extranjeros.

"Los autores, productores y artistas españoles percibirán de esta manera la compensació por programas que se graben no sujetos a ningún derecho, por las películas realizadas por productores, autores y artistas extranjeros, en los que no han intervenido españoles", señalaron fuentes de la UCE.

Las entidades de gestión de derechos de autor indican que, según datos del Instituto de Estudios de Mercado (ALEF), el 92 por ciento de las cintas de vídeo y el 93,5 por ciento de cintas de casete que se graban en los domicilios españoles se refieren a repertorio protegido.

Los datos de la UCEindican que los madrileños adquirieron en 1991 un total de 4.641.000 cintas de audio, con una duración media de 1,17 horas por unidad, y un total de 4.953.400 videocasetes, con una duración media de 3,2 horas.

En toda España, la repercusión del proyecto de ley tendrá un coste añadido para las cintas que superará los 6.000 millones de pesetas, tomando como referencia los datos de 1991, que pagarán finalmente los compradores, según la UCE.

Por su parte, las entidades de gestión aseguran que el pagodel canon no tiene por qué repercutir en el consumidor, sino que restará parte del amplio margen de ganancia que tenían hasta ahora los fabricantes. Para ilustrar esta afirmación, señalaron que en Francia, donde se aplica un canon similar, los precios de las cintas no sólo no han subido, sino que han bajado por la competencia.